Ante las recurrentes denuncias que se han dado a conocer por “la venta de certificados de habla de idiomas nativos” a funcionarios públicos, el Instituto de Estudio de Lenguas y Culturas (ITELC), anunció que aguarda por la aprobación de una norma que apunta a tomar pruebas a personas que han accedido a certificaciones dadas por establecimientos que actualmente no están avalados legalmente por esta instancia.
Algunos se prestan a lo ilegal. De acuerdo con el director de esta instancia, Pedro Apala, esta repartición solo tiene convenios con las universidades, Nur, Utepsa, Domingo Savio, Gabriel René Moreno y el Centro Boliviano Americano, los cuales están certificados para capacitar y certificar a las personas en lenguas nativas u originarias.
Sin embargo, afirmó que existen varias instancias que están impartiendo clases para ayudar a los funcionarios públicos a cumplir la ley 269 que establece como obligatoriedad el habla de al menos uno de los 36 idiomas nativos del país. Esto según afirma se ha prestado también a actos irregulares por algunas instituciones que estarían emitiendo certificaciones no autorizadas a personas que incluso no acceden a las capacitaciones y por tanto no hablan los idiomas nativos.
"Estamos viendo que las certificaciones sean extendidas por una institución, un centro o una universidad legalmente autorizada. Todas las instancias que tengan la legalización del anterior sistema republicano o que cuente con resolución ministerial, de todas maneras deben tener entrevista para convalidar certificados", dijo la autoridad a tiempo de indicar que la medida pretende dar más transparencia a la emisión de certificados de este tipo.
De manos atadas por el momento. "Estamos esperando que salga la norma para tener la legalidad para actuar. Por el momento no existe y pese a las denuncias no tenemos capacidad para tomar acciones concretas", complementó el funcionario a tiempo de decir que por el momento se regirán por el Decreto Supremo 2477 existente en materia de lenguas.
Cabe destacar que pese a los esfuerzos de esta instancia, el Viceministerio de Descolonización, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y los diferentes institutos y centros de enseñanza de lenguas nativas, solo se ha logrado capacitar aproximadamente un 20% de los 350 mil funcionarios públicos que hay registrados.
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