Según los documentos que tiene el Instituto Tecnológico Superior de Salud de Laboratoristas Dentales "Inprodent", su Resolución Ministerial 232/02 ya no cuenta con la legalidad desde la gestión 2014, pese a ello continuó con sus labores educativas, perjudicando a varios jóvenes que pretendían profesionalizarse en esta institución.
Fue la inquietud de los estudiantes del último semestre, que los llevó a averiguar sobre los trámites que debían cumplir, para conseguir la documentación como técnicos medios y descubrieron que desde hace una gestión atrás, este instituto no tenía la legalidad correspondiente.
Ante esta situación, los estudiantes encararon al dueño del instituto, David Garibay Gutiérrez, quien hasta ayer aseguró que se realizan los trámites de reactivación de su resolución ministerial, pero consultado por LA PATRIA, reconoció que los trámites se iniciaron el jueves 28 de enero y los mismos podrían tardar un mes para tener resultados.
Garibay admitió que el instituto no cumple con los requisitos para ser nombrado como un centro de educación del ámbito de la salud, lo que hizo dudar sobre la continuidad del funcionamiento de esta entidad, siendo los estudiantes quienes pidieron un acta de compromiso con reconocimiento de firmas, para garantizar que la inversión que realizaron por años, no quede en la nada.
Según se informó, la administración del instituto cobraba 280 bolivianos de mensualidad por alumno, aspecto que era controlado de manera estricta, por lo que existe molestia en los alumnos y padres de familia, ya que no se cumplió en la parte académica. Por el momento no existe una solución clara a este conflicto, por lo que no se descarta alguna manifestación de parte de los padres de familia y estudiantes afectados.
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